Práctica Nº 17

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

COMUNICACIÓN SOCIAL

Estudiante: Aylin Peñaranda

Materia: Redacción II                                    Paralelo: B

Práctica Nº 17

La Razón

¿Economía verde?

Mientras no se encuentre una vía real para dialogar entre todos, no podremos convenir una solución

Humberto Gómez¬

El tema más importante en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Río+20 es la transición de nuestra sociedad hacia la denominada “economía verde”. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) considera que una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales. Al mismo tiempo, sería aquella economía que “tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”. Esta propuesta impulsada por varios países, la cooperación internacional y varias organizaciones, es vista por muchos como la salvación para la deteriorada situación ambiental en la que nos encontramos. En la última década se han acelerado la crisis del clima, de la diversidad biológica, del combustible, alimentaria, del agua y, finalmente, del conjunto de la economía global.

La premisa básica para defender la economía verde se sustenta en que la errónea asignación del capital a la economía marrón (propiedades, combustibles fósiles y activos financieros estructurados) es el elemento central de estas crisis. ¿Enverdecer la economía es la solución? Existe una serie de factores fundamentales y profundos que evitan que ese enfoque sea la solución a nuestros problemas ambientales. El concepto de “economía verde” no sustituye al de “desarrollo sostenible”, y hay muchas más dimensiones en el desarrollo sostenible que la asignación del capital. Un punto clave tiene que ver con la distribución de la riqueza y la equidad: ¿dónde está la garantía de que a través de una economía verde se abordarán de manera sustancial problemas como la marginación social o la concentración de riqueza en unos cuantos? Resulta difícil creer que la transición hacia esta nueva propuesta podría lograrse cuando los que hoy manejan la economía marrón mañana manejarán la economía verde, y cuando el 2% de la población mundial concentra más de la mitad de riqueza global.

Un segundo factor limitante tiene que ver con la pluralidad de puntos de vista sobre cómo abordar los problemas de desarrollo y los problemas ambientales. En la Conferencia, los Estados actúan y negocian por un lado, las organizaciones de cooperación y ONG actúan por otro, y los movimientos sociales y pueblos indígenas por otro. No se juntan, no dialogan, no tratan de entenderse, no buscan en la pluralidad de opiniones las soluciones para problemas comunes. El problema de la inequidad en este contexto es también evidente. Mientras no encontremos la vía real, no burocrática, para dialogar entre todos, no podremos convenir una solución, que tomando en cuenta los límites naturales que la Naturaleza nos impone nos permita desarrollarnos plenamente en armonía para vivir bien.

TEMA: Transición social a una “economía verde” como solución a los problemas medio ambientales que atraviesa el mundo y al mismo tiempo que ayude a la equidad social.

LA PRENSA

Empleo juvenil

Por Eróstegui T Rodolfo - Columnista

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), como todos los años, en la actualidad, sesiona con los representantes de los estados miembros (ministerios de trabajo), las organizaciones sindicales y la de empleadores. Este evento también es conocido como la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). En este ámbito se acuerdan las normas internacionales del trabajo, así como las recomendaciones.

Cada año se discuten varios temas. Ahora, entre otros, se está tocando el del empleo juvenil. En el informe que preparan los especialistas de la OIT para ser aprobado por los trabajadores, empleadores y ministerios se dice que “en el mundo se corre el riesgo de perder una generación si no se enfrenta con urgencia la crisis de empleo juvenil, a menos que se emprendan medidas inmediatas y enérgicas”.

El documento, emitido por esta organización, destaca las cifras alarmantes de la crisis: 75 millones de jóvenes están desempleados, cuatro millones más que en 2007. Seis millones de ellos han abandonado por completo la búsqueda de trabajo. De aquellos que trabajan, más de 200 millones ganan menos de dos dólares al día.

Bolivia no es ajena a estas percepciones y a las transformaciones que se van experimentando en el mundo. La globalización de los mercados, la telecomunicación, la informatización, el cambio tecnológico, la importancia en el mundo del trabajo que se da al conocimiento, las relaciones y conflictos entre culturas son los que dan sustento a dichas  transformaciones. El espacio en el que impacta con mayor fuerza todo el conjunto de modificaciones es el mercado de trabajo. Las relaciones laborales (jurídicas, técnicas y económicas) se modifican; los contenidos, funciones del trabajo son diferentes a los que se tenían en nuestro inmediato pasado. Así también cambian las profesiones y aspiraciones de los trabajadores.

Se ha podido establecer que el primer trabajo es el que determina la trayectoria laboral posterior de las personas. Desde el inicio de la era moderna, nos dice el especialista en empleo juvenil Jürgen Weller, la inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida adulta, dado que los ingresos propios generan la base material para disminuir y luego eliminar la dependencia económica respecto de los padres y establecer un hogar propio. Por ello, se puede señalar que el trabajo es un eje de la integración social, fuente de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso material. Desde esa perspectiva, se considera que el Estado debería desarrollar políticas para una adecuada inserción laboral de los jóvenes.

En general, las políticas de empleo tienden a apoyar a los jóvenes en su primera incursión al mercado de trabajo: En Bolivia, Perú, Chile, Argentina, se implementan políticas tendentes a mejorar la búsqueda de empleo. A estas acciones del Estado se las denomina, genéricamente, como políticas de inserción laboral.

La inserción laboral no es otra cosa que el acompañamiento que se otorga a las personas que están en situación de exclusión social para que se incorporen positivamente al mercado laboral. Por ello, las políticas de inserción laboral generalmente buscan encontrar salidas al problema de la exclusión social y la pobreza. Se pretende que una vez logrado un empleo que les garantice ingresos, las personas podrán afrontar de mejor manera la exclusión social.

Ahora bien, las políticas públicas, independientemente de la ideología del Gobierno, tienen como objetivo la incorporación del mayor número de personas que están en el mercado de trabajo. De esta manera, debemos señalar que se tiene que luchar contra el trabajo precario.

TEMA: El problema de la falta de empleo para los jóvenes.

EL CAMBIO

Los dueños de los medios de comunicación (II)

Los medios se han convertido en actores de la oposición política, una vez que los intereses políticos y económicos de sus propietarios se han visto afectados y perdieron espacios de poder.

Por Oscar Silva Flores

Para no señalar sólo generalidades de un problema que aqueja a la comunicación, al periodismo y a la democracia en el país hay que empezar estableciendo quiénes son los dueños de estos medios de comunicación y cuáles son los intereses, económicos y políticos, que se mueven detrás de ellos.

Acudo a un trabajo realizado por el periodista Édgar Ramos (Análisis del comportamiento de los medios de comunicación, Bolivia Siglo XXI- 2007), quien desarrolla una investigación sobre los grupos económicos y políticos que detentan la propiedad de los medios de comunicación.

Los datos de Édgar Ramos señalan que la familia Rivero Mercado, propietaria de El Deber, comparte acciones en La Prensa de La Paz, El Alteño, Los Tiempos de Cochabamba, El Potosí, Correo del Sur y Gente. La familia Kuljis Fuchtner es propietaria de la red UNO, además de ser accionista del Banco Económico, de la papelera Empacar y de la universidad privada Mateo Kuljis.

Ivo Kuljis fue director del Comité Pro Santa Cruz y representante de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), además de candidato a la presidencia por UCS en 1997 y candidato a la vicepresidencia junto a Mánfred Reyes Villa por la Nueva Fuerza Republicana (NFR) en 2002.

La familia Asbún es propietaria de la red Bolivisión, accionista del Shopping Norte de La Paz, de la cervecería Taquiña, del colegio privado AIS-B de Cochabamba y ex propietaria del quebrado LAB.

La familia Dueri es propietaria de radio Panamericana, la más grande del país, del Hotel Presidente en La Paz, de la empresa discográfica Discolandia y de criaderos de trucha en el lago Titicaca. Miguel Dueri fue embajador de Hugo Banzer en los Emiratos Árabes.

La familia Durán Saucedo es accionista del periódico El Mundo, Megavisión y radio El Mundo, en Santa Cruz. Juan Carlos Durán estuvo vinculado muy estrechamente a Víctor Paz y Gonzalo Sánchez de Lozada y fue alto dirigente del MNR. La familia Monasterios Añez es propietaria de la red Unitel, accionista del Banco Ganadero, gaseosas Mendocina, Zona Franca de Puerto Suárez, productora de alcohol y derivados Ceibo y estancias ganaderas. Oswaldo Monasterios fue senador por el MNR y tuvo parentesco político con el alcalde de Santa Cruz Percy Fernández.

Por el año en que se publicó la investigación de Édgar Ramos, algunos de estos datos pueden estar desactualizados o faltar otros, como los vínculos recientes de otros políticos y empresarios con medios de comunicación. Marincovic, con el Día de Santa Cruz; Daher, el de Aerosur, con la red PAT; Garafulic con Página Siete y otros indirectamente relacionados con la actividad política, aunque algunos no tan indirectamente, como la Iglesia Católica, que cuenta con una extensa red de radios y estaciones de televisión, así como varias iglesias cristianas y evangélicas.

Ellos son los más visibles. En ciudades pequeñas y en poblaciones intermedias, los medios suelen ser de propiedad, en su mayor parte, de ex autoridades y de ex parlamentarios de distintos partidos que lograron hacerse de una licencia cuando se encontraban en función de gobierno. También detentan propiedad de medios algunas ONG vinculadas con agrupaciones y a dirigentes partidarios.

Este esbozo de la distribución propietaria de los medios no es completo. Sin embargo, es lo suficientemente demostrativo acerca de quiénes son los que tienen el sartén por el mango en los medios de comunicación. Nuestra intención apunta a mostrar con esos datos el por qué del comportamiento mediático agresivo y conspirador frente al proceso de cambio encabezado por el presidente Evo Morales desde enero de 2006.

Ese comportamiento no es casual, los medios se han convertido en actores fundamentales de la oposición política, pues los intereses políticos y económicos de sus propietarios se han visto afectados, han perdido espacios de poder que les permitía gestionar desde sus medios la defensa de sus propios intereses, porque con sus medios y empresas hoy ya no pueden hacer negocios poco claros con el Estado y menos apropiarse impunemente de recursos de todos los bolivianos y tampoco les sirven ya sus medios como trampolín político, a mucho como instrumentos de conspiración.

Se sienten afectados y eso los lleva a atacar de manera permanente y sistemática al Gobierno, en la perspectiva de debilitarlo y generar articulaciones opositoras, cuando no encabezarlas, para disputar espacios de poder, ya sea en la vía democrática o en la vía subversiva, todo vale. No les interesa informar sino aquello que puede perjudicar al Gobierno, espectacularizar las acciones opositoras, devaluando el verdadero valor de la información, de los medios y de la libertad de expresión y banalizando por completo los principios del periodismo, todo bajo una agenda aparentemente coordinada entre ellos, que sin duda más bien es impuesta desde alguna legación diplomática, también interesada en la desestabilización del proceso de cambio.

No es la APLP, cuya directiva actual está seriamente cuestionada, ni la Confederación de la Prensa, ni menos las federaciones departamentales que atraviesan serios problemas de representatividad, ni sus asociados, quienes determinan el comportamiento de los medios de comunicación, ni el papel que juega el periodismo boliviano.

Esas organizaciones y sus dirigentes aparecen defendiendo la libertad de prensa (o más bien la libertad de empresa de los medios) olvidando que están en esas funciones para defender a sus organizaciones, su institucionalidad y, fundamentalmente, a sus asociados y no callar ante las precarias condiciones de trabajo, bajos salarios e inseguridad en las que se debaten periodistas y trabajadores de la prensa.

Queda claro quiénes están detrás de los medios y cuáles son los intereses que defienden, entonces no hay por qué tenerle miedo a regular la propiedad de los medios de comunicación a través de una ley, ponerle fin a esta especie de dictadura mediática y defender los derechos de todas y todos los bolivianos a la comunicación y la información establecidos en la Constitución Política del Estado. Es obligación del Estado velar por los derechos de los ciudadanos y abrir el debate sobre este asunto, aun sabiendo que será una dura batalla contra estos emporios comunicacionales y sus defensores de oficio, atrincherados en organizaciones de prensa y, desde luego, en los partidos políticos tradicionales.

TEMA: Los medios de comunicación constituyen un frente de oposición política por la ideología de sus propietarios.

PÁGINA SIETE

Santiago Berríos Caballero

Lo que no debemos callar (La cuestión del Pacífico)

En nuestra anterior nota sobre el tema marítimo, emergente de la 42 Asamblea de la OEA, demostramos que el Gobierno (no el país) ha incurrido en una serie de desaciertos, evidenciando, una vez más, la falta de coherencia, tal cual siempre ha ocurrido en sucesivos gobiernos del pasado, con excepción del año 1979 que se constituyó en un mensaje alentador para los bolivianos, cuyo canciller, Gustavo Fernández, supo manejar magistralmente el problema en ocasión de la asamblea de la organización.

Después del desafortunado desafío proclamado el 23 de marzo del año 2011 por el presidente Morales, en sentido de que demandará la “nulidad” del Tratado de 1904 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, seguramente a sugerencia de los que componen la Diremar, esta pasada semana acaba de incurrir en un otro error de concepto, en la creencia de que una entrevista con el señor presidente de la Corte Internacional de Justicia, el eminente jurisconsulto Peter Tomka, sería el camino para lograr el objetivo acariciado, que por la información que nos da la radio estatal Patria Nueva, siendo lacónica la misma, no nos da la versión real de aquella entrevista, pero que a partir de nuestra percepción jurídico-procesal podemos anticipar que aquella entrevista no tuvo la receptividad concreta sobre el problema, por eso es que incidimos en nuestro criterio de que fue otro error de Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional, cosa que los de su entorno no tuvieron en cuenta cuál sería el resultado de esa entrevista.

Contrariamente, la información que llega del Palacio de la Paz en La Haya nos dice que en aquella entrevista simplemente se habría conversado sobre “aspectos ligados al trabajo de la Corte”.

Suponemos que el presidente Evo pensó que, a través de esa entrevista con el alto magistrado de la Corte Internacional de Justicia podría obtener alguna respuesta, sea negativa o positiva, porque seguramente le ofreció una información de orden histórico, pero no tenía en mente que al tratarse de una autoridad judicial, éste de ninguna manera puede adelantar criterio sobre un tema que se desea llevar a esa instancia.

Por otra parte -siempre en una suposición- el presidente de aquel tribunal internacional, magistrado Peter Tomka, al conceder la audiencia al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia creemos que fue para conocer personalmente a quien se considera el primer Presidente indígena en nuestro país, y de ahí es que el señor Álvaro García Linera, que ofició en esos instantes el cargo de presidente a.i., evitó comentar si en aquella entrevista se abordó el tema marítimo. Esta postura nos dice mucho sobre el error que comentamos.

Estas observaciones emergen del criterio ético que constituye la línea profesional nuestra en materia jurisdiccional, cuando señalamos como incorrecta una visita a la autoridad que tiene que ser la que considere una actuación de esta naturaleza.

Hemos sostenido en varias oportunidades (y hoy lo reiteramos), que es importante el diseñar una estrategia a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la vigencia también del Tratado de 1929 entre Chile y el Perú, de manera que concluyamos en la necesidad de aquella estrategia que debe constituirse en una política de Estado, la misma que no podrá ser modificada incoherentemente por sucesivos gobiernos, como ha estado ocurriendo hasta el presente; lo contrario significará que continuemos aplicando coyunturalmente opciones fuera de lugar, que a la postre no den los resultados deseados y se conviertan en simples declaraciones o “un saludo a la bandera”, utilizado para adormecer al pueblo boliviano.

Surge la interrogante en diversos sectores del país sobre la calidad moral de los políticos, que se origina precisamente en criterios vertidos por autoridades del actual Gobierno, cuando endilgan a las autoridades del pasado con el adjetivo de “delincuentes”: ¿Será que los políticos verdaderamente son delincuentes? (El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).

Santiago Berrios Caballero es abogado.

TEMA: Las estrategias gubernamentales tomadas para nuestra reivindicación marítima no son las adecuadas y hasta el momento no ha beneficiado al avance del caso.