domingo, 29 de julio de 2012

Práctica Nº 23

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre: Aylin Peñaranda
Materia: Redacción II                                    Paralelo: B

Práctica Nº 23
Columna
Trata y Tráfico de personas

Durante los últimos diez años el índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia se incrementó en un 92,2 por ciento. Son muchos los casos de personas desaparecidas que hasta el momento las autoridades no han podido resolver. Y cada día son más las familias que buscan desesperadas a sus seres queridos sin una respuesta. Al conocer los casos de estas personas es inevitable sentirse desprotegido y vulnerable ante estas redes delincuenciales que no se conmueven ni ante la vida de un ser humano.

Un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de Personas. Con el propósito de disminuir los casos es que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Diputados  ha propuesto la "Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas".  Pero desde 2006 ya se cuenta con una ley que regula este delito y aún así los casos se incrementan cada vez más. Una ley que lamentablemente no ha podido amparar a las cientos de personas víctimas de este delito.

Los casos de desapariciones son de un promedio de 20 por día a pesar de que ya existe una ley que sanciona la trata y tráfico de personas. Las autoridades hasta el momento han demostrado que no tienen la capacidad de controlar y dar seguridad a los bolivianos.  Pues no basta con dar una nueva ley que vuelva las sanciones más severas, lo que realmente se necesita es un sistema de organización preventivo y una fuerza policial que vele constantemente por la seguridad de toda la ciudadanía.

Hasta el momento este sistema no ha sido eficiente y los secuestros de niños y adolescentes suceden a plena luz del día. Además nuestro país no cuenta con una entidad que se especialice en el tema de la investigación judicial y policial por lo que los casos se quedan años y años en los archivos sin poder ser resueltos.  Esta falta de control provoca que se incrementen las redes delincuenciales que se organizan para traficar personas. Niños, niñas y adolescentes son las víctimas más frecuentes de estas personas a quienes no les importa la vida de estos menores y los tratan como simples objetos.

 Las familias de los desaparecidos están desesperadas por dar con el paradero de sus seres queridos. Las historias que se escuchan son por demás conmovedoras y preocupantes. Las técnicas utilizadas van desde anuncios falsos de propuestas laborales hasta secuestros en las salidas de los colegios. Mientras esperamos la lenta promulgación de la ley son más las personas que desaparecen, cientos que están siendo tratadas de forma infrahumana en esclavismo sexual, laboral y otras cientos cuyos órganos ya han sido vendidos sin piedad alguna. No podemos  ser indiferentes ante este problema que no distingue a ninguna persona y todos somos vulnerables a caer en las manos de estas bandas delincuenciales que no tienen respeto ni por la propia vida.


domingo, 22 de julio de 2012

Práctica Nº22

Práctica Nº 22
Columna
Trata y Tráfico de personas

Durante los últimos diez años el índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia se incrementó en un 92,2 por ciento. Son muchos los casos de personas desaparecidas que hasta el momento las autoridades no han podido resolver. Y cada día son más las familias que buscan desesperadas a sus seres queridos sin una respuesta. Algunos casos de desapariciones  se han hecho públicos durante los últimos meses pero esto no significa que el problema sea reciente.

Un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de Personas. Con el propósito de disminuir los casos es que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Diputados  ha propuesto la "Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas".  Pero desde 2006 ya se cuenta con una ley que regula este delito y aún así los casos se incrementan cada vez más.

Los casos de desapariciones son de un promedio de 20 por día, a pesar de que ya existe una ley que sanciona la trata y tráfico de personas. No basta con dar una nueva ley que vuelva las sanciones más severas, lo que realmente se necesita es un sistema de organización preventivo y una fuerza policial que vele constantemente por la seguridad de toda la ciudadanía.

Hasta el momento este sistema no ha sido eficiente y los secuestros de niños y adolescentes suceden a plena luz del día. Además nuestro país no cuenta con una entidad que se especialice en el tema de la investigación judicial y policial por lo que los casos se quedan años y años en los archivos sin poder ser resueltos. Ante la falta de control son más las redes delincuenciales que se organizan para traficar personas con distintos fines y de distintas maneras.

El tráfico de personas es un negocio por demás lucrativo por la explotación laboral, sexual y en especial  la venta de órganos.  En nuestro país no existe el debido control hacia las personas que pasan las fronteras,  pues solamente son tres los policías que controlan la salida de un promedio de 600 personas por día y eso nos convierte en un blanco fácil. No necesitamos solo una ley que endurezca las sanciones, lo que realmente necesitamos es un plan de prevención, acción efectiva en las investigaciones de los casos y una organización eficiente para controlar mejor nuestras fronteras. Esperemos que esta nueva ley no tenga el mismo destino que la promulgada en 2006.






martes, 10 de julio de 2012

Práctica N°21



Práctica Nº 21
Columna
Mallku Khota
Aylin Peñaranda

Expulsión de la empresa minera canadiense South American Silver, ese es el pedido de los comunarios de la localidad de Mallku Khota. Llegaron a La Paz hace meses con ese pedido, marcharon desde su pueblo solo para exigir que la canadiense deje de explotar los yacimientos de la comunidad.  Pero la única respuesta que obtuvieron del gobierno fue el encarcelamiento de su máximo dirigente acusándolo de instigar a la violencia. En su momento las autoridades no dieron una solución satisfactoria y es ahora cuando se pagan las consecuencias. 

Los comunarios no se quedaron conformes con la respuesta gubernamental y decidieron secuestrar a cinco funcionarios de la empresa minera, una fiscal y un policía. Nuestras autoridades clasifican los secuestros como actos violentos y delictivos pero en realidad los pobladores tuvieron razones importantes para la retención de estas personas. Al no ser escuchados, optaron por esta decisión como una medida desesperada para ser atendidos. Además dos de los secuestrados fueron descubiertos espiando en una de las reuniones comunitarias, disfrazados como lugareños.

Pero a pesar de la situación que se vivía en Mallku Khota el gobierno seguía sin dar una respuesta. La población estaba cerrada a los medios de comunicación, por lo que la situación era incierta y los comunarios seguían firmes con su pedido a las autoridades. Al paso de los días el escenario se volvía más peligroso pero ninguna solución se vislumbraba. La desesperación por la liberación de los rehenes se hizo cada vez más grande.

El gobierno una vez más demostró su falta de capacidad operativa al no dar una solución oportuna a este problema. Ahora lamentamos la muerte de una persona y cuatro heridos víctimas de un terrible enfrentamiento entre pobladores de la comunidad y la policía. Después de estos hechos el gobierno ya no hizo ninguna acusación contra los comunarios e incluso se pagará remuneraciones económicas a la víctima fatal del encuentro.
Ahora, después de todo lo acontecido es cuando el gobierno se esta reuniendo con los representantes de Mallku Khota a dialogar la posible nacionalización de la empresa minera. Pero al igual que en otros problemas la solución llega tarde. ¿Por qué esperar a que los conflictos lleguen a semejante magnitud? Este diálogo puedo llegar mucho antes y hoy no tendríamos que lamentar un desacierto más del gobierno. A pesar que el Presidente presumió tanto en la nacionalización de los hidrocarburos, y otras empresas transnacionales hoy le es tan difícil nacionalizar una empresa que explota un yacimiento de oro, indio y plata mayor al de la Minera de San Cristóbal en Potosí.    

domingo, 8 de julio de 2012

Práctica Nº 20

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre: Aylin Peñaranda
Materia: Redacción II

Práctica Nº 20
Columna
TIPNIS
Aylin Peñaranda

Una vez más la marcha de indígenas del TIPNIS arribó en la ciudad de La Paz. Esta es la segunda vez que los indígenas marchan con un mismo objetivo: rechazo a la construcción del tramo de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos que atraviesa el TIPNIS. Pero de nada han servido, nuestras autoridades no ha podido dar una solución satisfactoria a este conflicto. Al gobierno no le ha bastado incumplir el primer acuerdo ahora responde en forma violenta y busca el diálogo pero solo bajo sus propios términos.
La primera llegada de los habitantes del TIPNIS se llevó consigo una victoria, la VIII marcha  logró la promulgación de una ley corta que indica que ninguna carretera puede pasar por el Parque Nacional. Los marchistas retornaron contentos al Beni pero la sorpresa surgió cuando una segunda marcha, que apoyaba la construcción, hizo que el gobierno retrocediera e ignorara la ley que había sido aprobada y promulgada por ellos mismos.
Ahora que los indígenas han llegado por segunda vez, el gobierno ya no esta dispuesto a dar el brazo a torcer. Se han negado a dialogar con sus dirigentes y los acusan de delitos relacionados con el narcotráfico y otros. No se les ha permitido el ingreso a la Plaza Murillo y se los ha desalojado de sus inmediaciones de forma violenta. Una imagen terrible, pues entre los afectados de la represión estaban niños, mujeres y ancianos quienes tuvieron que soportar gases lacrimógenos, agresiones  y al carro Neptuno.
El gobierno no quiere escuchar a los marchistas pues han manifestado que no negociarán con los dirigentes, sino con los corregidores. Pero el diálogo no debe ser estas autoridades que no han participado activamente en la marcha. Dialogar con ellos es desvalorizar el esfuerzo que cada uno de los marchistas han hecho hasta llegar a la sede de gobierno. Lo cierto es que el gobierno no pretende escuchar a los indígenas, ellos están convencidos que la “consulta previa” es la solución.
La actitud del gobierno ha cambiado de la VIII a la IX Marcha. Parece que ya no están dispuestos a ceder ni en apariencia. Pero no se debe olvidar lo que estas personas han luchado para mantener su hogar intacto y del pueblo boliviano que apoya la lucha de estas personas. No deberían detenerse en la cuestión política sino humana y reconocer la lucha de los indígenas habitantes del TIPNIS.



martes, 3 de julio de 2012

Práctica Nº19

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre: Aylin Peñaranda
Materia: Redacción II

Columna
TIPNIS
Aylin Peñaranda

Una vez más la marcha de indígenas del TIPNIS arribó en la ciudad de La Paz. Los marchistas tuvieron que enfrentar diferentes obstáculos hasta su final llegada a la sede de gobierno para dialogar con las autoridades. Una de las más grandes ha sido el gobierno que realizó varios intentos para deslegitimizar la marcha para distraer en lugar de intentar solucionar el problema.
EL objetivo de la marcha es claro: rechazo a la construcción del tramo de la carretera que atraviesa el Parque Nacional Isiboro Sécure. Esta es la segunda vez que el grupo viene con el mismo pedido y a pesar de haberlo solucionado en la primera ocasión, tan solo fue una distracción de un evento que había desprestigiado bastante al gobierno. Ahora al enfrentarse con esta situación una vez más al gobierno no le queda más que atacar para no quedar mal.
La primera llegada de los habitantes del TIPNIS se llevó consigo una victoria, la VIII marcha logró la promulgación de una ley corta que precisamente indica que ninguna carretera puede pasar por el Parque Nacional. Los marchistas retornaron contentos al Beni pero la sorpresa surgió cuando una segunda marcha que apoyaba la construcción hizo que el gobierno retrocediera e ignorara la ley que había sido promulgada y aprobada por ellos mismos.
Miles de bolivianos se unen en solidaridad con los marchistas apoyándolos de todas las maneras posibles. La causa del masivo sustento que la marcha tiene es su actuar pacífico al momento de enfrentar a sus contrincantes.  Este apoyo manifestado en ambas ocasiones demuestra que de nada sirvieron las acusaciones y ataques del gobierno pues aún hay personas que defienden el TIPNIS y reconoce lo que la construcción de una carretera por este territorio significaría.
Precisamente el gobierno se esforzó durante el transcurso de la marcha por disminuir este apoyo. Pero este no debería ser el principal objetivo de nuestras autoridades. Más allá de las denuncias esta el interés de los pueblos indígenas que luchan para mantener su hogar intacto y del pueblo boliviano que apoya la lucha de estas personas. No deberían detenerse en la cuestión política sino humana y reconocer que el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure es un tema que involucra a todos los bolivianos.